¿Las capitulaciones matrimoniales son validas o no?

En fecha 19 del mes de marzo de 2.021, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia dicto una sentencia, que contraria a grosso modo con la doctrina y criterio que ella misma ha sostenido, respecto de la validez de las estipulaciones contenidas en los contratos prenupciales de capitulaciones matrimoniales, todo ello en el marco de un proceso judicial por nulidad de documento de compraventa de bien inmueble, incoado por la ciudadana M E C D D C, contra los ciudadanos M G D C P y D E M G, basando su respectiva motivación en lo siguiente:

Pruebas aportadas por la parte demandante con la demanda:

4.- Copia fotostática simple de documental contentiva de las Capitulaciones Matrimoniales suscrita entre los ciudadanos M G D C P y M E C R, autenticado por ante la Notaria Pública de Puerto la Cruz estado Anzoátegui, en fecha 9 de abril de 1988, bajo el Nro. 6, Tomo 43 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha notaría; posteriormente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Sotillo del estado Anzoátegui, el 10 de mayo de 1988, bajo el Nro. 3, Folios 16 al 22, Protocolo Segundo, Segundo Trimestre de dicho año (1988). Instrumental que se le tiene como fidedigna, dado que no fue impugnada por el adversario, por lo tanto se le otorga valor probatorio de conformidad a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. En el que se estableció lo que sigue:

 “Nosotros, M D C P (…) y M E C R (…), declaramos: tenemos proyectado contraer matrimonio civil y es nuestra voluntad establecer las siguientes capitulaciones para que, después de celebrarlo las estipulaciones del presente documento rijan lo relativo a nuestros patrimonios particulares, bienes, derechos y obligaciones que lo integran. Dichas estipulaciones son las siguientes:

PRIMERA:..(..).

SEGUNDA:..(..).

TERCERA:..(..).

CUARTA: Los bienes, derechos, acciones, valores, que los cónyuges lleguemos a adquirir después del matrimonio con dinero propio, o proveniente de la enajenación, permuta, dación en pago por crédito anteriores al matrimonio o establecidos con dinero propio, por derecho de retracto sobre bienes arrendados con anterioridad al matrimonio o en comunidad, o con dinero proveniente de indemnizaciones de seguros por daños personales, o enfermedades, la enajenación y permuta de bienes propios; así como las rentas, frutos civiles, dividendos, de bienes y acciones de propiedad particular; bienes, acciones, derechos y valores adquiridos por herencia, donación; la plusvalía de nuestros bienes particulares; las ganancias fortuitas, bienes muebles abandonados que cualquiera de nosotros hallare, los vestidos, joyas, enseres, bienes muebles y objetos de uso personal de cada uno de nosotros, serán de exclusiva propiedad y de libre administración del conyuge a quien pertenezcan. Las acciones adquiridas en ejercicio de derechos preferenciales o en casos de aumentos de capital de empresas en las cuales somos socios, pagadas con acreencias contra la sociedad, dividendos por repartir o con dinero propio y/o de particular administración del cónyuge, serán de modo exclusivo del cónyuge titular de su libre administración y disposición y en ningún caso de la comunidad conyugal.-

…(…)

Observándose de dichas capitulaciones, que el inmueble objeto de litigio no se encuentra dentro de los bienes señalados en dichas capitulaciones; por lo que resulta evidente que el inmueble in comento fue adquirido durante el matrimonio.

 

A nuestro entender esta afirmación resulta una afrenta no solo a la disposición legal contenida en el artículo 141 del Código Civil, a saber:

 “El matrimonio, en lo que se relaciona con los bienes, se rige por las convenciones de las partes y por la Ley”.

Así como también al artículo 148 ejusdem a saber:

“entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio”.

 

Además, lo es contra el criterio pacifico y reiterado que ha venido aplicando la Sala de Casación Civil sobre las capitulaciones matrimoniales, en múltiples decisiones dentro de las cuales señalamos la sentencia 408, del 9 de agosto del año 2018 (caso: L A N D M contra B A D D M, y donde intervino como tercero J E M P señaló lo siguiente:

 “Del contrato antes transcrito se observa la intención del ciudadano J E M P (tercero opositor) de establecer el régimen que regirá el aspecto económico, una vez contraído matrimonio con la ciudadana B D F (demandada); indicando que mediante el referido convenio excluye de la comunidad conyugal los bienes allí descritos, como también los que obtenga durante el matrimonio y asimismo lo acuerda la ciudadana antes mencionada; expresando de esta manera el principio de la autonomía de la voluntad, siendo éste el reconocimiento de un poder de autorregular los propios objetivos e intereses que las partes desean. Pues a través de dicho contrato quienes deciden casarse determinan de manera voluntaria un régimen patrimonial diferente a la comunidad de gananciales.

 …(…)

“De la lectura de la recurrida se observa que la misma incurrió en la infracción del artículo 141 del Código Civil, el cual regula lo relativo al régimen patrimonial de los cónyuges en la República Bolivariana de Venezuela, pues –a su decir- existe comunidad de gananciales entre los ciudadanos J E M P (tercero opositor) y la ciudadana B D (demandada), indicando que los bienes objeto de medidas no fueron señalados en las aludidas capitulaciones matrimoniales y que dicho ciudadano no demostró que los bienes in comento fueron adquiridos “…con dinero proveniente de los frutos, dividendos, rentas o intereses de dichos bienes o con dinero de la enajenación de los bienes señalados en las capitulaciones matrimoniales…”. Siendo que –como fue establecido anteriormente- de las referidas capitulaciones matrimoniales se desprende la intención del ciudadano J E M P (tercero opositor) de establecer el régimen que regirá el aspecto económico, una vez contraído matrimonio con la prenombrada ciudadana y no a la prevista en la Ley (comunidad de gananciales); excluyendo de la comunidad conyugal mediante dicho convenio los bienes adquiridos por el ciudadano J E M P dentro del matrimonio y así fue acordado por la ciudadana B D (demandada); por ende los bienes adquiridos por el prenombrado ciudadano durante la unión matrimonial con la referida ciudadana son de su exclusiva propiedad.” .

 

         Tal como se puede evidenciar, estas oscilaciones abruptas en la aplicación de criterios por parte de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, tiende a lesionar el principio de seguridad jurídica y a la expectativa plausible que tienen los justiciables a que sean tratados de forma similar a decisiones anteriores.

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