El Tribunal Constitucional de Perú ordenó derribar, en un plazo de 180 días, la pared que separa a los vecinos del privilegiado distrito de La Molina de quienes habitan las humildes casas ubicadas en el distrito de Villa María del Triunfo en la capital de Perú.
Gustavo Gutiérrez, magistrado del Tribunal Constitucional y ponente de la sentencia que ordena la demolición, le dijo a BBC Mundo que el muro "vulnera el derecho a la libertad de tránsito, entre otros, y separa a dos clases sociales".
Desde el viernes 6 de enero, empezó a correr los 180 días que tiene la municipalidad de La Molina para ejecutar la demolición total del denominado ‘Muro de la vergüenza’ que divide a ese distrito y a Villa María del Triunfo. El plazo máximo para hacerlo finalizaría la primera semana de julio del 2023.
La sentencia exhorta al Poder Ejecutivo que disponga las medidas necesarias para la implementación total y puesta en marcha del Parque Ecológico de La Molina.
De igual forma, insta al Congreso de la República a aprobar leyes conducentes a combatir la usurpación y el tráfico de terrenos de manera integral, así como a las demás municipalidades evitar que construyan o mantengan muros divisorios entre distritos.
La sentencia fue aprobada por unanimidad por los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich.
El alcalde de La Molina, Diego Uceda, adelantó que hay “la posibilidad” de recurrir a instancias internacionales para evitar el cumplimiento de la sentencia que ordena el derrumbe del muro que divide su distrito con Villa María del Triunfo.
Los peruanos llaman el ‘Muro de la vergüenza’ a la construcción de una barrera de piedra con alambre con púas de 4,5 kilómetros de longitud, en el año 2011, que separa el asentamiento humano La Florida, en Villa María del Triunfo, de la urbanización Las Praderas, en el distrito de La Molina.
Este cerco fue levantado en el límite con Pamplona Alta, que pertenece al municipio de San Juan de Miraflores. Es un poco más bajo que los de los condominios privados y tiene un lugar de paso, donde hay un puesto de control de la guardia municipal de La Molina.
En todos estos años, los residentes de una de las zonas que alberga a gente adinerada de Lima han señalado que este cerco “los protege” de la inseguridad ciudadana y de la invasión de terrenos, que se ha adueñado de gran parte de La Florida, una zona donde apenas tienen agua potable y sus construcciones son de esteras.
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