GINEBRA
(13 de junio de 2023) - El Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó
que Perú ha violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y
rural víctima de violación al no proporcionarle información ni acceso al aborto
legal y seguro.
El
Comité ha hecho pública hoy su decisión tras escuchar la queja presentada por C
(seudónimo), quien fue violada por su padre desde los nueve años hasta que se
quedó embarazada a los trece.
C nació en Huanipaca, departamento de Apurímac, una zona rural de la sierra
peruana. Cuando se quedó embarazada en 2017, un familiar la llevó a un hospital
de Abancay, donde rompió en llanto y anunció al personal de salud que no quería
tener un hijo de su padre ni estar embarazada. Esa petición fue reiterada en
muchas visitas médicas posteriores mientras su estado de salud mental se fue
agravando. Sin embargo, no le informaron de su derecho a solicitar el aborto
terapéutico.
El
aborto está penalizado en Perú salvo para prevenir un riesgo para la vida o un
riesgo grave y permanente para la salud de la madre. Con la ayuda de una ONG, C
solicitó al hospital de Abancay el acceso al aborto terapéutico conforme a la
legislación nacional, y también presentó una solicitud de interrupción
voluntaria del embarazo a la fiscal encargada de la investigación penal por
violación para que se designara un centro de salud que evaluara su caso. Sin
embargo, nunca recibió respuesta del hospital ni de las autoridades judiciales.
Por
el contrario, el personal médico insistió en organizar controles prenatales
regulares ignorando el estado de C. Cuando C no acudía a los controles
prenatales, el personal médico se personó varias veces a su casa, en ocasiones
acompañado de agentes de policía, para presionarla a que continuara con el
embarazo, lo que provocó su estigmatización y acoso en su familia y comunidad y
la obligó a abandonar la escuela y, más tarde, su pueblo.
Tras
tener un aborto espontáneo, C fue acusada y condenada por autoaborto sin más
pruebas que sus repetidas declaraciones de que no deseaba proseguir con el
embarazo.
C
fue acosada asimismo por la fiscal encargada de su caso de violación. La fiscal
ordenó el examen de la escena del crimen con la presencia obligatoria de C y su padre y citó repetidamente a C a declarar. La fiscal también desvió la
investigación de la violación para centrarse en reunir pruebas incriminatorias
del presunto delito de autoaborto.
"Estoy
consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una
niña de 13 años víctima de violación e incesto", declaró Ann Skelton,
Presidenta del Comité. “Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad,
fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y
judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente".
Privada
de justicia en su país de origen, C llevó su caso ante el CDN, alegando que se
habían violado sus derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del
Niño.
El
Comité consideró que la falta de información sobre los servicios de
interrupción voluntaria del embarazo y de acceso efectivo a dichos servicios
expuso a C a un riesgo real, personal y previsible para su vida y su salud. La
situación se vio exacerbada por la condición de C de víctima de violación por
parte de su padre, lo que agravó aún más las consecuencias del embarazo en su
salud mental. Por lo tanto, el Comité consideró que Perú violó los derechos a
la salud y a la vida de C.
El Comité
observó que C, una niña indígena y campesina víctima de violación, fue
revictimizada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales, ya que
su solicitud de aborto fue repetidamente ignorada, su hogar y su escuela fueron
frecuentemente invadidos y fue procesada por autoaborto. Por lo tanto, el
Comité consideró que C fue objeto de discriminación por motivos de edad,
género, origen étnico y condición social. Consideró además que la falta de
acceso de C a un aborto seguro constituyó en sí mismo un trato diferenciado
basado en su género, que le negó el acceso a un servicio esencial para su
salud, castigándola por no cumplir los estereotipos de género sobre su función
reproductiva.
El
Comité pidió a Perú, entre otras cosas, que despenalizara el aborto en todos
los casos de embarazo infantil, que garantizara el acceso de las niñas
embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto, especialmente
en casos de riesgo para la vida y la salud de la madre, violación o incesto, y
que modificara la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para
prever su aplicación específica a las niñas.
"Saludamos
el valor que C ha demostrado al defender sus derechos y presentar su caso ante
nosotros a pesar de los numerosos obstáculos enfrentados", declaró
Skelton.
"Esperamos
sinceramente que este caso contribuya a desencadenar cambios estructurales en
la legislación y las instituciones peruanas para que las niñas puedan acceder a
un aborto seguro, dado el alto riesgo que los embarazos suponen para su salud y
su vida", añadió.
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