"Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de una línea base de Colombia. La solicitud de Nicaragua en la primera parte no se puede sostener. Dentro de la línea base de las millas náuticas de San Andrés y Providencia, Nicaragua no tiene derechos a una plataforma extendida".
Así lo manifestó la Jueza Joan Donoghue, presidenta de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, este jueves 13 de julio de 2.023, aproximadamente a las 08:00 de la mañana en el cual inició la lectura del fallo en el caso de Nicaragua sobre Colombia.
La Corte en su fallo negó las peticiones de Nicaragua de expandir su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Cabe destacar que, desde principios del siglo XX, Nicaragua y Colombia mantienen una disputa por las aguas ricas en pesca e hidrocarburos en el Mar Caribe, aunque los dos países no comparten una frontera terrestre.
Nicaragua había pedido a La Haya delimitar su plataforma continental en el mar Caribe, pero el tribunal determinó con 13 votos a favor y 4 en contra de que la solicitud de Managua era ambiciosa. El proceso involucra el control sobre una zona de 75.000 kilómetros cuadrados del Mar Caribe utilizada actualmente para pesca artesanal e industrial. El área también incluye tramos de una reserva marina avalada por la UNESCO.
El gobierno de Nicaragua reconoció el jueves la sentencia de la Corte Internacional sobre un conflicto territorial con Colombia en aguas del Caribe como "firme, definitiva y de obligatorio cumplimiento".
El fallo aclara un conflicto de larga data entre Colombia y Nicaragua. En 2001, Nicaragua realizó la primera de tres demandas ante La Haya para reclamar la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Colombia por su lado ha sostenido argumentos científicos, jurídicos e institucionales indicando que el reclamo nicaragüense no tiene ningún fundamento. En ese sentido las autoridades colombianas han insistido en que tiene la “plena titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua”.
Parte del equipo jurídico fue integrado por juristas de alta reputación entre los que destacan:
Eduardo Valencia Ospina, es el agente principal del caso. Es doctor en ciencias jurídicas y económicas de la Pontificia Universidad Javeriana, además de contar con una maestría en derecho en la Universidad de Harvard. Es reconocido como uno de los juristas más versados del país en materia de derecho internacional y en asuntos relacionados con la Corte Internacional.
Carolina Olarte Bácares, es la coagente de Colombia en este caso ante la CIJ en La Haya. Además, es la actual embajadora de Colombia en los Países Bajos, lo que muchos han interpretado como una estrategia diplomática positiva ante el caso en la Corte.
Elizabeth Taylor Jay, fue designada en este caso por el presidente Gustavo Petro, quien anunció que el equipo jurídico en este litigio debía contar con una persona raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia. Estudió biología y física, y cuenta con una maestría en protección del medio marino de la Universidad de Bangor en Gales, Reino Unido. Fue embajadora de Colombia en Kenia.
Andrés Villegas Jaramillo. El Abogado de la Universidad de los Andes tiene una maestría en Derecho Público de University College London (UCL). También es asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores para asuntos ante la Corte Internacional de Justicia y miembro de la subcomisión legal de la Comisión del Mar Caribe de la Asociación de Estados del Caribe.
Gabriel Cifuentes, es abogado de la Universidad de los Andes, con un magíster en derecho internacional de la Universidad de Nueva York. Además, tiene un doctorado en derecho de la Universidad de Roma III y ha trabajado con la Corte Penal Internacional.
Además de los juristas antes mencionados, el equipo de defensa de Colombia tuvo varios cambios desde el fallo inicial de 2012, modificando casi todos sus miembros a partir de los cambios de presidentes y de gobiernos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario