SOBERANÍA CIUDADANA

Estado de derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenadas en torno de una constitución, la cual se erige como el pacto o contrato social, en la cual los ciudadanos deben enmarcar su coexistencia, más aun sus autoridades, es decir, los que integran la administración pública en su conjunto. En ese sentido todo estado de derecho entraña consigo el respeto a los derechos tanto subjetivos, como objetivos, vigente en el estado de que se trate, habida cuenta que el objetivo fundamental de las leyes es organizar y fijar límites de derechos, para que toda acción esté sujeta a una norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento público, y a su vez esto represente una garantía fundamental del respeto entre los ciudadanos entre sí, con sus autoridades y viceversa.

          Pero, ¿de dónde obtienen los ciudadanos de un país la garantía de que se hallan realmente en un Estado de Derecho, en el que la actuación del gobierno se halla sujeta a la ley en la misma medida que la suya propia? Los seres humanos inventaron hace algo más de doscientos años un procedimiento político para establecer esta garantía. Se trata de la división del poder del Estado. El Estado tiene el poder de hacer las leyes, de aplicarlas y de juzgar si se cumplen adecuadamente. En un Estado democrático, la ciudadanía -que es a quien corresponde por derecho la soberanía- ha otorgado tal poder al Estado. Pero si las tres funciones mencionadas recayeran sobre la misma persona o institución política, los ciudadanos nunca podrían estar seguros de que dicha persona o institución no está utilizando en su propio beneficio el poder que ellos mismos le han otorgado. Por eso, dos de los más importantes filósofos políticos de la Modernidad, el británico John Locke y el francés Montesquieu, sugirieron que lo mejor era encomendar el desempeño de cada función fundamental del Estado a una institución distinta, separada e independiente de las demás: a una le correspondería hacer las leyes, a otra aplicarlas o ejecutarlas y a una tercera, juzgar si las leyes se están cumpliendo e imponer sanciones o penas a quien las incumpla. De este modo, el poder del Estado quedaría divido en tres poderes, cada uno de los cuales correspondería a una institución distinta. Esta división de poderes garantiza en sumo grado el equilibrio en el ejercicio del poder, por cuanto la línea que divide al poder con el abuso de poder, es sumamente delgada, y tiende a ser rebasada con la más sutil intención, por los que lo ejercen. Así que cuando esa línea divisoria ya no solo es rebasada de forma intermitente sino, que es pisoteada extravagantemente hasta borrarla del mapa existencial del Estado, son los ciudadanos los que de forma cívica en el ejercicio de sus derechos los que están llamados a restituir ese equilibrio, y supremacía de la Constitución que los rige.